La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha reclamado al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que prorrogue más allá del verano las rebajas fiscales aplicadas a los combustibles. Estas medidas, incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, redujeron el IVA del 21% al 10% y rebajaron el Impuesto Especial de Hidrocarburos hasta el mínimo europeo.
Según la patronal, la retirada de estas ayudas provocaría una subida inmediata de 29 céntimos por litro en la gasolina y 22 céntimos en el diésel, un impacto que consideran "crítico" para familias, transportistas y el sector turístico. Desde Ceees apelan a la "sensatez" del Ejecutivo y del Parlamento para evitar un nuevo repunte inflacionista.
Aumento de los impagos en gasolineras y endurecimiento del control
El encarecimiento del combustible está generando preocupación entre los profesionales del sector, que temen un repunte de los casos de conductores que repostan y se marchan sin pagar. La Guardia Civil ha intensificado la vigilancia ante este tipo de prácticas, que pueden constituir un delito de estafa, tal como recuerdan los expertos del Real Automóvil Club de España (RACE).
Cuando la cantidad impagada es inferior a 400 euros, el Código Penal lo considera un delito leve, sancionado con una multa diaria de unos 10 euros durante uno a tres meses, además del pago de la deuda a la gasolinera y las costas judiciales. En total, la sanción puede alcanzar entre 300 y 900 euros, incluso si el impago se produce por un despiste involuntario.
Impacto económico del carburante
El incremento del precio de los combustibles está golpeando con fuerza a regiones como Murcia, donde el IPC interanual se situó en el 3,4% en abril, encadenando tres meses de subidas. El transporte, con un aumento del 7,7%, es el principal responsable del repunte, según el INE.
Sindicatos y patronal coinciden en que la energía y los carburantes son los motores de esta presión inflacionista. Desde UGT alertan de la "vulnerabilidad" de la región ante la crisis internacional, mientras que Croem y la Cámara de Comercio reclaman estabilidad para proteger la actividad empresarial y el empleo.