Bolivia estudia cómo regular apuestas deportivas sin repetir errores vecinos

El despertar del debate sobre las apuestas en Bolivia

La Paz amanece con la costumbre de sus calles empedradas y el murmullo de los minibus que suben hacia El Alto, pero en los pasillos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la conversación ya no gira solo sobre el precio del gas o la cotización del litio. Desde hace algunas semanas, un grupo de técnicos repáginas de legislaciones extranjeras, graba entrevistas con autoridades colombianas, argentinas y mexicanas, y llena pizarras con cifras de recaudación y tasas de penetración de apuestas en línea. Bolivia, país que hasta ahora solo había autorizado loterías, bingos y casinos físicos, comenzó a explorar la posibilidad de abrir un mercado regional de apuestas deportivas y juegos digitales.

La tarea no es sencilla. En la mesa hay temas tan sensibles como la adicción, la evasión fiscal, la identidad cultural y la ya de por sí frágil reputación del sistema financiero nacional. Aun así, la presión crece. Los operadores que ya trabajan en Paraguay y Perú miran con interés el mercado boliviano, mientras que sectores del gobierno calculan que una regulación bien diseñada podría aportar entre 60 y 90 millones de dólares anuales a las arcas públicas, según estimaciones preliminares que circulan en los despachos oficiales.

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La pregunta que se repite en cada reunión es si Bolivia debe copiar el modelo de licencias abiertas de Colombia, donde cada provincia puede autorizar operadores privados, o apostar por un esquema más centralizado, parecido al de Chile, donde la mayor parte de la oferta está en manos de una empresa estatal que luego subcontrata plataformas privadas. Entre los técnicos hay quienes defienden un punto intermedio. Proponen crear una matriz de reglas únicas a nivel nacional pero permitir que los gobiernos departamentales definan la cantidad de puntos de venta físicos y la intensidad de las campañas de prevención.

El debate, en el fondo, es político. En Santa Cruz se teme que La Paz retenga los tributos. En La Paz temen que Santa Cruz genere una oferta descontrolada. Mientras tanto, Cochabamba y Tarija observan, conscientes de que cualquier decisión afectará sus propias finanzas, ya que los hidrocarburos ya no aportan lo que antes y la búsqueda de nuevos ingresos es urgente.

Lecciones de los vecinos: errores y aciertos regionales

Una de las primeras sorpresas para los funcionarios bolivianos fue descubrir que, en la región, nadie ha encontrado la fórmula perfecta. Colombia, que presume de haber recaudado más de 200 millones de euros en 2024 por concepto de apuestas en línea, también registra niveles récord de quejas por publicidad engañosa y por usurpación de identidad para abrir cuentas. Argentina, con sus treinta y dos licencias provinciales, muestra una dispersión que dificulta el control de flujos de dinero. México, que optó por un esquema de concesiones federales, arrastra una guerra de poder entre la Secretaría de Gobernación y la de Hacienda por quién audita a los operadores.

En todos los casos, el común denominador es que la tecnología se movió más rápido que la legislación. Bolivia llega tarde, pero esa tardanza puede ser, paradójicamente, una ventaja si logra evitar los errores de sus vecinos. El primer escollo local es legal. La Constitución boliviana de 2009 prohíbe la explotación privada de juegos de azar sin una ley marco que regule los derechos del Estado y de las naciones indígenas. Dicha ley nunca se aprobó. Existe un reglamento de 2012 que autoriza loterías y bingos, pero no contempla plataformas digitales ni apuestas deportivas.

Esto ha creado un vacío legal que ya está siendo ocupado por operadores extranjeros que ofrecen sus servicios por internet sin pagar impuestos locales. Las autoridades aduaneras y de telecomunicaciones han intentado bloquear algunas páginas, pero los usuarios simplemente cambian de dominio o utilizan redes privadas virtuales. La situación se vuelve más compleja cuando se descubre que muchos bolivianos ya están jugando en estas plataformas, generando un flujo de dinero que sale del país sin control ni beneficio fiscal.

Las reuniones técnicas han revelado que el modelo colombiano, aunque atractivo por sus ingresos, genera problemas de competencia desleal. Las provincias terminan compitiendo entre sí por atraer operadores, lo que lleva a una carrera hacia abajo en cuanto a impuestos y controles. El caso de Argentina muestra que tener muchas jurisdicciones con reglas distintas complica el rastreo de operaciones sospechosas. México, por su parte, demuestra que un sistema demasiado centralizado puede volverse burocrático y lento para adaptarse a los cambios tecnológicos.

El dilema entre apertura y control estatal

Los técnicos bolivianos han identificado al menos cinco modelos posibles. El primero sería un monopolio estatal, similar al que existe con la lotería nacional, pero adaptado a plataformas digitales. Esto garantizaría control total pero limitaría la innovación y podría generar ineficiencias. El segundo modelo propone licencias limitadas a empresas privadas con fuerte regulación y auditoría estatal. Un tercer enfoque sería el de licencias abiertas, como en Colombia, pero con un ente nacional que fije estándares mínimos. La cuarta opción contempla un sistema mixto, donde el Estado opere ciertos juegos mientras regula a privados en otros segmentos. La quinta alternativa, menos discutida públicamente, sería permitir solo operadores extranjeros que paguen una tasa de entrada y cumplan con requisitos específicos.

Cada modelo tiene ventajas y desventajas. El monopolio estatal garantizaría que todos los ingresos queden en Bolivia, pero requeriría una inversión tecnológica significativa y personal capacitado. Las licencias limitadas podrían generar competencia sin descontrol, pero necesitarían un ente regulador fuerte y sin corrupción. Las licencias abiertas traerían más inversión extranjera, pero también más riesgos de lavado de dinero y problemas de adicción.

La experiencia regional sugiere que la clave está en el equilibrio. Uruguay, por ejemplo, optó por un modelo donde el Estado opera los juegos más adictivos mientras regula a privados en segmentos menos riesgosos. Este enfoque ha reducido los problemas de ludopatía mientras mantiene ingresos significativos. Costa Rica, en cambio, decidió no regular directamente sino exigir que los operadores obtengan licencias en jurisdicciones reconocidas y paguen impuestos locales por sus ingresos provenientes de usuarios costarricenses.

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En Bolivia, el debate se complica por la estructura política. Los gobiernos departamentales temen perder autonomía, mientras que el gobierno central quiere evitar una fragmentación como la argentina. Las naciones indígenas, protegidas constitucionalmente, exigen ser consultadas y posiblemente tener su propio sistema de juegos tradicionales reconocidos. Esto ha llevado a propuestas creativas, como la de crear zonas de juego especiales en territorios indígenas, donde se mezclarían apuestas tradicionales con plataformas digitales modernas.

Los actores detrás del telón

El proceso ha atraído a actores inesperados. La iglesia católica, históricamente opuesta a la expansión de los juegos de azar, ha formado una alianza temporal con organizaciones de salud mental para presionar por controles estrictos. Su propuesta incluye límites diarios de apuesta, prohibición de publicidad en horarios familiares y la creación de un fondo para tratamiento de adicción financiado por los operadores. Por otro lado, cámaras de comercio y asociaciones de empresarios tecnológicos promueven un enfoque más liberal, argumentando que la regulación inteligente puede traer inversiones y empleos calificados.

Las empresas internacionales ya están moviendo fichas. Algunas han patrocinado estudios económicos que proyectan hasta 150 millones de dólares anuales en ingresos fiscales si se opta por un modelo abierto. Otras han financiado programas de responsabilidad social en comunidades vulnerables, buscando mejorar su imagen antes de una posible apertura. Las locales, por su parte, temen ser desplazadas por gigantes con más recursos tecnológicos y capacidad de inversión.

Un factor crucial es la opinión pública. Las encuestas preliminares muestran división: los jóvenes urbanos apoyan la apertura, mientras que los adultos mayores y poblaciones rurales muestran preocupación sobre los efectos sociales. Esto ha llevado a propuestas de implementación gradual, comenzando con departamentos específicos antes de una expansión nacional. Algunos sugieren comenzar con Santa Cruz, por su conexión con mercados externos, mientras otros proponen Tarija, donde ya existe una cultura de juego por su proximidad con Argentina.

El tema del lavado de dinero ha generado preocupación en los bancos locales. La Asociación Bancaria de Bolivia ha pedido que cualquier nuevo sistema incluya obligaciones de reporte de operaciones sospechosas y límites a las transferencias entre cuentas de juego y cuentas personales. Esto ha sido bien recibido por los reguladores, que ven en esto una oportunidad para fortalecer el sistema financiero contra otros delitos económicos.

El camino hacia una decisión

El cronograma actual contempla que el borrador inicial de la ley esté listo para marzo del próximo año. Esto incluye consultas con gobiernos departamentales, organizaciones indígenas y sociales civiles. La intención es tener una propuesta final antes de las elecciones municipales de 2025, para que el tema no se politice más de lo necesario. Sin embargo, algunos analistas creen que el verdadero debate se dará en las elecciones generales de 2026, cuando los candidatos deban posicionarse.

Mientras tanto, los equipos técnicos continúan su trabajo. Estudian modelos de inteligencia artificial para detectar patrones de adicción, evalúan plataformas de verificación de identidad biométrica y analizan cómo otros países han equilibrado ingresos fiscales con protección social. La próxima misión será a España, donde el sistema de licencias autonómicas ofrece otro punto de referencia interesante.

El reto más grande puede ser implementar cualquier decisión en un contexto de recursos limitados. Crear un ente regulador robusto requeriría inversión significativa en tecnología y talento humano. Algunos proponen una solución temporal: contratar a empresas privadas para auditoría y control, con el Estado manteniendo la facultad de imponer sanciones. Otros sugieren una asociación con universidades bolivianas para desarrollar capacidades locales en análisis de datos y regulación de plataformas digitales.

La decisión final dependerá de muchos factores: la presión fiscal, la opinión pública, la capacidad de negociación de los actores involucrados. Lo que sí está claro es que Bolivia ya no puede ignorar el fenómeno. Cada día que pasa sin regulación, millones de bolivianos apuestan en plataformas no reguladas, el dinero sale del país sin control y no se generan los ingresos fiscales que podrían financiar hospitales, escuelas o programas sociales. El reto es convertir esta necesidad en una oportunidad para crear un modelo que, aunque no perfecto, sea mejor que el caos actual y que los errores de los vecinos.